Llamamos «Umbo jurídico» a aquella situación en la que se encuentran los propletarios de terrenos calificados, por cualquiera de las Administraciones, como terrenos públicos y que se excluyen de facto de la exproplación o de la distribución equitativa de beneficios y cargas.
En efecto, las Administraciones Públicas califican suelos como Sistemas Generales, Redes Públicas o Dotaciones y no los incluyen en un sistema de actuación concreto.
Esta situación, aunque parezca mentira, existe. Un ejemplo típico es el del Aeropuerto de Barajas, que ha calificado suelos urbanos de su entorno como Sistema General Aeroportuario, excluyéndolos de la posibilidad que les concede el Plan de ser edificados, sin que se estableciera ni equidistribución, ni expropiación. No solamente el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid producen estas situaciones injustas y arbitrarias, sino que también, algunos Ayuntamientos establecen Sistemas Generales o Redes Públicas sin determinar, después, cómo se va a compensar a los propietarios.